El Parlamento venezolano estudia varias propuestas para regularizar el oficio del delivery en el país, reconoció el diputado Willian Gil
De acuerdo con Gil, la Asamblea Nacional creó una comisión encargada de analizar las propuestas para reglamentar oficio del delivery. «Sobre el ‘delivery’ dijeron que el Gobierno iba a regular el único trabajo de rebusque de los venezolanos y no es así. El tema es que hemos recibido propuestas de organizaciones sociales, de trabajadores, motorizados. Estas llegaron a la comisión a entregarnos sus exigencias, sus propuestas de que este llamado ‘oficio delivery’, un modo de trabajo que es viejo, pero que ha surgido con mayor fuerza, sea regulado», aclaró Gil.
El delivery ha tenido un boom en Venezuela, al igual que en el resto del mundo, por causa de la pandemia. Para miles de venezolanos las entregas a domicilio se ha convertido en una forma de subsistir, en una economía asfixiada por las sanciones de Washington y la súper inflación.
Trabajadores de las entregas a domicilio son indefensos
Los motorizados o ciclistas que hacen el oficio del delivery son subcontratados por las empresas; pero la tercerización no está permitida por la Ley Orgánica del Trabajo. Los repartidores se sienten indefensos, porque no tienen seguridad social, ni contrato colectivo, ni seguro médico. Cuando uno de ellos sufre algún accidente, lo cual suele ocurrir con frecuencia, no tienen respaldo legal.
Según Gil, la Asamblea Nacional ha recibido seis propuestas de diferentes organizaciones sociales, de distintas partes del país. “Estamos dispuestos a avanzar en la formulación de una ley que regule este tema, estamos recibiendo, escuchando», aseveró el parlamentario, aunque también reconoció que, a día de hoy, todavía no se ha elaborado un proyecto de ley.
La futura ley divide a los repartidores a domicilio en Venezuela. Algunos lo ven como un instrumento necesario, que les dará más seguridad. Además, consideran que así tendrán más beneficios, como utilidades anuales y vacaciones. Sin embargo, otros repartidores no están de acuerdo con las regulaciones, porque consideran que las empresas, al recibir más presión del Gobierno, optarán por subcontratar menos. Por tanto, las retribuciones económicas por los envíos serán inferiores.
